Cuenta Pública: El debe y el haber

Luis Larraín

La cuenta pública presidencial puede analizarse desde varios puntos de vista. Con los días, se ha ido asentando en los analistas la idea de que, desde una mirada política, el Presidente Sebastián Piñera sorteó con éxito la instancia y dio un paso más en la consolidación de una propuesta propia de la centroderecha que desconcierta a la oposición, que por su parte sólo atina a pequeñas escaramuzas que no alcanzan a configurar una alternativa política seria.

Un análisis económico deja sensaciones más matizadas. Las dos grandes apuestas de la agenda de Piñera son el fuerte componente social y el salto adelante en materia de infraestructura pública. En lo social, cabe celebrar la prioridad por los niños vulnerados reflejada en las políticas de infancia, el énfasis en la salud pública y los anuncios de una reforma a las pensiones y a los seguros privados de salud con sello propio de la centroderecha, que difiere de la mala propuesta previsional de Bachelet y de su inacción en la salud (aunque en estas últimas dos reformas no hay aún información precisa y el diablo suele estar en los detalles). También es positivo que el cuidado de niños en salas cunas pueda beneficiar a hombres y mujeres indistintamente, mediante sólo un subsidio por hogar. El apellido “universal” no debiera entenderse como que el Estado financie a familias de altos ingresos que hoy pagan de su bolsillo.

Lo de la infraestructura pública es de celebrar. Es de la esencia del rol del Estado proveer infraestructura y conectividad para que los ciudadanos desarrollaen sus actividades, y el enfoque del gobierno permite hablar de una infraestructura inclusiva: los estándares y alcance de las obras anunciadas son una instancia democratizadora, donde ciudadanos de distintas condiciones económicas reciben iguales prestaciones del Estado. El Metro es el mejor ejemplo, al extenderse a sectores de Santiago que tenían mala conectividad. Recordemos que es, además, la base para reemplazar el fracasado sistema que es el Transantiago, según ha prometido Piñera. Las inversiones planeadas en puertos, ferrocarriles de corta distancia y vialidad permiten extender este mejoramiento de la calidad de vida a las regiones. Se agrega la intención de invertir más en conectividad eléctrica y especialmente en telecomunicaciones, donde el buen acceso a internet permite incluir a chilenos hoy excluidos simplemente por el lugar donde viven.

Sin embargo, sabiendos que la infraestructura pública indispensable para el desarrollo del sector privado, la mayor parte del crecimiento ha de venir de la inversión privada, que cayó sistemáticamente cada año del gobierno anterior. Y es en revertir esa situación donde la cuenta pública ha quedado al debe.

La reducción del impuesto a la renta de primera categoría, que tiene a las empresas soportando la carga porcentual más alta de toda la OCDE -siendo una de sus economías más pobres- era una medida central del programa económico de Piñera. Renunciar a la rebaja, dejando todo el peso de la reforma en la simplificación, debido proceso al contribuyente y la plena integración de impuestos es insuficiente para aumentar la inversión privada, premisa irrenunciable de la recuperación del crecimiento. Es más, estratégicamente no se puede entender que el Gobierno haya entregado este punto anticipadamente, debilitando en una negociación la defensa de sus otros objetivos.

Las señales de la recuperación económica pueden llevar a la autocomplacencia. El IMACEC de 5,9% es una buena noticia pero la base de comparación está distorsionada por la huelga de La Escondida el año pasado. El esfuerzo de inversión para volver a crecer tiene que superar inercias de malas políticas que aún no tienen pleno efecto, como la reforma laboral. Las agendas pro inversión son positivas, pero de efecto limitado. La falta de reformas económicas estructurales deja al debe la cuenta pública.